"Pacchetto Sicurezza"

El llamado "Pacchetto Sicurezza" es un conjunto de medidas legislativas que, entre otras, modifican la normativa de extranjería italiana. Una de las medidas que está siendo objeto de una mayor contestación es aquella que suprime la prohibición de que los médicos denuncien la situación irregular, en su caso, de aquellos inmigrantes que atiendan. Las organizaciones de médicos consideran que se están violando el artículo 32 de la Constitución, que afirma el carácter fundamental y universal del derecho a la salud; así como el código deontológico de la profesión; y, además, que se está distorsionando por completo el papel que desempeñan los médicos en el seno de la sociedad. Las respuestas de los políticos que apoyan la reforma se basan en dos ideas que se contienen en las siguientes declaraciones de Alfredo Mantovano, subsecretario del interior del gobierno Berlusconi:

«La norma permite -y subrayo, permite; es decir, no obliga pero consiente- que los médicos que trabajan en hospitales denunciar a aquellos inmigrantes clandestinos que, portadores de enferedades peligrosas y erradicadas en nuestro país desde hace años, puedan representar un peligro para la salud pública».

Las ideas en que se basa este argumento son dos: una de carácter jurídico y otra de carácter sanitario.

La jurídica afirma que lo que se está haciendo es eliminar la prohibición que antes recaía sobre los médicos de denunciar; y que no se les obliga a ello. Viendo el Código Penal italiano, parece que efectivamente es así. Aunque el propio Pacchetto Sicurezza declara que la estancia o permanencia irregular en Italia es un delito, y en principio existe una obligación de denunciar aquellos delitos de los que se tengan noticia, el artículo 365 del código penal italiano afirma que el personal sanitario estará exento de dicha obligación cuando dicha denuncia pudiera acarrear un proceso penal para el denunciado.

Es decir, el médico no está obligado a denunciar. Pero cabe la posibilidad de que lo haga. Y, ante tal posibilidad, muchos inmigrantes irregulares no acudirán al médico. Es decir, en la práctica, la medida «aleja a las personas clandestinas enfermas de la estructura sanitaria; por el contrario, la posibilidad de diagnosticar y curar a cada persona es la mejor forma de proteger la salud». Se está excluyendo a los irregulares del sistema estatal de salud; desplazándolos a sistemas informales o condenándonos a la enfermedad. Esta exclusión, incrementa los riesgos a la salud pública, lejos de reducirlos (el segundo de los argumentos alegados). En la manifestación celebrada hoy se ha hecho referencia a varios casos de inmigrantes muertos por no acudir al médico(*): lo más terrible es que la ley está teniendo eficacia antes incluso de ser aprobada, porque el miedo se ha extendido ya.