Sortu: nada nuevo bajo el sol

Así, periódicamente, miro al País Vasco y me indigno como ciudadano y jurista. Esta vez se trata de Sortu, una nueva formación política que se encuadra en la izquierda abertzale... pero el nombre es lo de menos. Lo que importa es el fondo. Y el fondo es que el Estado español continúa intentando ilegalizar mediante instrumentos legales muy dudosos una opción política porque, se afirma, está relacionada con ETA.

El fiscal identifica la izquierda abertzale con Batasuna, y ello pese a reconocer que la Audiencia Nacional ha afirmado que no son lo mismo, que la izquierda abertzale es una corriente ideológica que está amparada por el artículo 20 de la Constitución, que reconoce la libertad de expresión. El problema de esta identificación es que parece (¿parece?) que se están ilegalizando opciones políticas.

De nuevo, los indicios que el fiscal pone sobre la mesa de la sala 61 del Tribunal Supremo son de risa. Por ejemplo, la voluntad de ETA de crear una formación que permita que la "izquierda abertzale" pueda concurrir a las elecciones. Este era uno de los argumentos (debilísimos, porque no demuestra la conexión entre esa voluntad y la organización concreta, en este caso Sortu) que también se alegaron para ilegalizar Iniciativa Internacionalista (II-SP), una alianza de pequeños partidos que concurrió a las elecciones europeas (y, en aquel caso, el Tribunal Constitucional declaró que no existían indicios suficientes para la ilegalización).

Un ejemplo de "prueba" son las declaraciones de José Luis Moreno Sagües, que fue candidato en una anterior lista ilegalizada y que afirma cosas como que se está creando una organización que apostará por vías democráticas, condenando todo tipo de violencia; o que "la izquierda abertzale presentará en enero su marca propia para las próximas elecciones" y que "no tenemos intención de colarnos ni de concurrir a los comicios con una trampa".

No está de más recordar que un candidato en una lista que fue ilegalizada no está contagiado necesariamente por ningún virus. Esto lo ha afirmado la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de mayo de 2009 que permitió a II-SP presentarse a las elecciones. Afirmó que la tesis de la contaminación sobrevenida ("que, en el parecer del Tribunal Supremo, padecerían cuantos, sin ser ellos mismos motivo para la ilegalización de una candidatura, figuraron como candidatos en una lista ilegalizada) es constitucionalmente inadmisible.

Tampoco está de más advertir -como hace Sortu en su recurso- que se puede exigir que la organización se distancie expresamente de ETA (yo diría: ni eso), pero no que ETA rechace expresamente a una organización cualquiera perteneciente a la izquierda abertzale. Porque, y de nuevo volvemos a lo mismo, "supondría aceptar que la existencia de ETA acarrea la criminalización política de todo ese movimiento social, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho".

El fiscal ha llenado 168 páginas con indicios que, francamente, no pienso leer uno por uno.

Sortu se pretende ilegalizar por la vía del artículo 12 de la LO 6/2002, de Partidos, que lo que haría sería ejecutar la sentencia por la que se ilegalizó a Batasuna, y ello por entender que es sucesora de dicha organización. Pero es que hay un pequeño detalle: que Sortu condena la violencia como instrumento de acción política y, expresamente, condena la de ETA.

Si las declaraciones de Moreno Sagües que citaba arriba son una "prueba" de la vinculación de Sortu y Batasuna, basándose en la primera frase entrecomillada, que por supuesto se considera absolutamente cierta... ¿por qué no se considera igualmente cierta la segunda, la que expresa la buena fe de la nueva marca?

Existe, desde luego, una amplia participación de miembros de la antigua Batasuna en Sortu. Dicho esto, la nueva formación ha condenado expresamente la violencia.

Los indicios que permiten ilegalizar un partido, con la Ley en la mano, son cosas como "Fomentar, propiciar o legitimar la violencia" o "Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo". Lo que pide la Ley de Partidos para volver a la legalidad (aceptando que Sortu sea efectivamente sucesora de Batasuna, que es algo que no está tan claro) es, precisamente, condenar la violencia. Y no lo digo yo, lo dice el Presidente del Gobierno:



Transcribo, por si queda alguna duda: "para que alguien vuelva a estar o pretenda estar en las instituciones democráticas, o rompe o rechaza y condena la violencia de ETA..."

Pues esto es lo que afirma el artículo 3.B) de los Estatutos de Sortu:

"Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto a sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas".

¿Ahora tampoco sirve? ¿Qué credibilidad les queda a estos políticos? Se ha creado una Ley de Partidos específicamente diseñada para ilegalizar a Batasuna con efectos especialmente severos, puesto que niega el derecho de sufragio pasivo (y, por extensión activo) en un procedimiento que no es penal y, por tanto, no tiene las garantías inherentes a esta rama del ordenamiento. Se mezcla izquierda abertzale con terrorismo, se comienza a criminalizar a diestro y siniestro... y claro, luego pasan cosas como la de Egin; y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar denuncias de torturas y por violar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi al condenarlo por llamar al Rey "jefe de los torturadores".

Y pasa que ahora veo la tele y me da asco. Y me entran ganas de comprar una escopeta para limpiar de buitres el cielo. A ver si me hago una almohada de plumas y, por una vez, duermo toda la noche de un tirón.